El escándalo de corrupción en torno a la compra de 40 carrotanques por $46.800 millones ha llevado a la salida de dos altos funcionarios del Gobierno de Gustavo Petro. La alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, y el secretario de Transparencia para la Presidencia, Andrés Idárraga, han sido solicitados a renunciar por el jefe de Estado.
El presidente Petro había advertido previamente sobre las consecuencias para aquellos involucrados en casos de corrupción, declarando en Twitter: «He sido claro desde el inicio de la campaña. En mi gobierno no se tolera la corrupción. Aquí no se protege a nadie. Funcionario que llegue a robar, funcionario que se va». Esta declaración fue compartida por Idárraga antes de que se hiciera pública su salida.
Idárraga se enteró de su destitución durante una entrevista con Noticias Caracol, cuando los periodistas recibieron la información de un corresponsal en la Casa de Nariño y se la comunicaron. En respuesta, el funcionario afirmó: «No, no lo sabía. Yo estoy simplemente avanzando en los temas que el presidente de la República me ha encomendado, y para nosotros es preciso seguir avanzando en esta lucha contra la corrupción».
El caso de corrupción ya estaba bajo investigación de la Fiscalía General de la Nación, iniciada por una denuncia penal del Gobierno nacional a través de la Secretaría de Transparencia, la cual contenía más de 800 folios. Además, el ex subdirector de manejo de desastres de la Ungrd, Senyder Pinilla, ha implicado a varios políticos en el caso, incluyendo al presidente del Senado, Iván Name, y al presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle.
Idárraga también se ha visto envuelto en un presunto tráfico de influencias, según unas conversaciones de WhatsApp reveladas por El Tiempo. En una de las conversaciones, solicitó citas con alcaldes, mientras que en otra expresó su lealtad al exdirector de la Ungrd, Olmedo López, también involucrado en el escándalo. Frente a estas acusaciones, Idárraga explicó que las conversaciones estaban relacionadas con la resolución de problemas de la ciudadanía que estaban bajo la responsabilidad de la Unidad de Gestión del Riesgo.
Este caso continúa generando repercusiones y alimentando la preocupación sobre la corrupción en el país, mientras las investigaciones avanzan y se espera que se esclarezcan los hechos.
Descubre más desde El Avance
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.
