El reciente caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo y Desastres (UNGRD) ha sacudido los cimientos del poder legislativo colombiano, alcanzando ahora a más que solo a dos prominentes figuras del Congreso. Mientras el país intenta descifrar el rompecabezas de este presunto entramado de corrupción, han emergido nombres adicionales que podrían ser cruciales en la resolución del caso.
En medio de la polémica, Sandra Ortiz ha dejado su cargo en el Gobierno de Gustavo Petro, mientras que Andrés Idárraga permanece en su posición. Estas acciones han puesto bajo el escrutinio público no solo a los responsables directos de la Ungrd, sino también a aquellos con vínculos políticos cercanos.
Recientemente, Caracol Radio destapó un supuesto contrato de la UNGRD por más de 20 mil millones de pesos destinados a ollas comunitarias en el municipio de Albania, La Guajira. Sin embargo, la investigación sugiere que estos fondos fueron desviados para financiar campañas políticas, añadiendo una nueva capa de complejidad al caso.
Entre las figuras políticas mencionadas se encuentra la senadora Martha Peralta del Pacto Histórico, quien preside la Comisión Séptima del Senado, un órgano clave en la discusión de reformas fundamentales como las relacionadas con la salud y el sistema pensional.
Además, se ha señalado al senador conservador Carlos Andrés Trujillo como otro de los implicados, sugiriendo que podría tener vínculos con Sneyder Pinilla, una figura central en este escándalo.
La Fundación Paz y Reconciliación ha planteado la preocupación de que la Ungrd se haya convertido en una entidad utilizada para pagar favores políticos, añadiendo una dimensión ética y moral al caso.
Por otro lado, el presidente Gustavo Petro ha tomado medidas drásticas al ordenar la suspensión de los giros a Corpouraba y Corpoantioquia, dos entidades supuestamente involucradas en actividades cuestionables. Este movimiento ha puesto en el punto de mira a Liliana Taborda, directora de Corpoantioquia y amiga cercana de Maria Eugenia Lopera, actual presidenta de la Comisión Séptima de la Cámara, quien tiene en sus manos las reformas laborales y pensionales.
A medida que el escándalo en la Ungrd continúa desarrollándose, el pueblo colombiano espera respuestas y acciones concretas por parte de las autoridades para garantizar la transparencia y la integridad en el sistema político del país.
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