Una alternativa a la crisis carcelaria es hacer efectivo los derechos fundamentales de la población reclusa a través de una legislación que contemple el triple tratamiento de la política criminal (prevención, represión, resocialización), el excesivo tratamiento punitivo a las conductas de los ciudadanos conforme al Código Penal se ha convertido en una política criminal netamente represiva lo que necesariamente implica un incremento de la población carcelaria.
