La Procuraduría General de la Nación ha emitido un comunicado crucial: Álvaro Leyva Duran, actual Canciller de Colombia, continuará suspendido temporalmente de su cargo, una decisión que se prolongará por tres meses adicionales. Este anuncio llega tras semanas de incertidumbre desde que Leyva fuera apartado de sus funciones a fines de enero, en medio de alegatos relacionadas con posibles irregularidades en el proceso licitatorio de pasaportes.
Leyva se encuentra suspendido tras ser señalado por dos presuntas faltas disciplinarias de gravedad, según lo determinado provisionalmente por la Procuraduría.
En primer lugar, Leyva enfrenta la acusación de haber declarado desierta la licitación 001 de 2023 sin los fundamentos fácticos, jurídicos y técnicos necesarios, sembrando serias dudas sobre la integridad del proceso de contratación estatal y sus implicaciones la contratación pública.
La segunda falta disciplinaria que se le imputa a Leyva está relacionada con la declaración de una urgencia manifiesta sin justificación aparente, lo que podría indicar una negligencia en el manejo de los procedimientos administrativos y una posible falta de transparencia en su gestión pública.
El Ministerio Público ha expresado su preocupación acerca de la posibilidad de que Leyva reincida en sus acciones, si se le permite regresar a su cargo. Según las autoridades de control, las circunstancias que llevaron a su suspensión aún persisten, lo que incrementa el riesgo de que se repitan conductas irregulares en el proceso licitatorio actual.
Además, se ha destacado que el retorno de Leyva al cargo podría influir de manera perjudicial en el proceso en curso, dada su autoridad sobre los funcionarios públicos que han sido citados como testigos en el caso, lo que plantea serias interrogantes sobre la imparcialidad del proceso disciplinario.
El órgano de control encargado del juicio disciplinario ha ratificado que, hasta la fecha, no se han presentado pruebas que desmientan las acusaciones formuladas contra Leyva. Por lo tanto, la medida disciplinaria seguirá en vigor hasta el 24 de julio de 2024, mientras continúan las investigaciones y el proceso legal correspondiente.
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